La LOMCE: razones y sinrazones

Daniel Lóez Marijuan*. La reciente aprobación por el Consejo de Ministros de la LOMCE ha suscitado un amplísimo rechazo, pero las razones aducidas deben ser convenientemente sopesadas, porque no todo lo que impone esta ley es material averiado.
Es cierto que se trata de una ley confesional, que introduce los instrumentos del mercado y la competitividad como valores supremos y que no ha sido discutida con sus genuinos destinatarios, los profesores principalmente. Además, nace con el sesgo de dar más apoyo a la enseñanza privada, continuar con la subvención a la concertada, introducir el adoctrinamiento religioso, prescindir de materias relevantes como la cultura clásica o la educación científica o incrementar la carga burocrática del profesorado, pero la responsabilidad del desastre educativo actual no es imputable solamente al PP, sino a los dirigentes del PSOE que con el desatinado dirigismo de la secta pedagógica han hundido al sistema educativo de nuestro país en una postración del que no parece podamos salir.
El fracaso escolar presente (más de un tercio de los escolares no logran adquirir las competencias básicas) tiene “nombre”, si nos referimos a un sistema y método de enseñanza/aprendizaje agotado, el responsable de la indigencia cultural de ahora, y es justamente el que propugna tenazmente el constructivismo de la LOGSE, el de que es el alumno quien “construye” su conocimiento acompañado de la labor “mediadora” del profesor. Esa mercancía no solo está averiada, sino que ya resulta tóxica.
Con esos mimbres es casi una hazaña que estudiantes brillantes hayan sido capaces de convertirse en emprendedores avanzados, como los gaditanos reconocidos recientemente por la revista Forbes Rafael Contreras de Carbures, Alberto Alcántara de Xeritel y Víctor Manuel Infante de Bionaturis.
F. García de Cortázar, un sólido historiador de derechas, defendía en ABC que “no es que la crisis, y mucho menos, la malevolencia de un equipo ministerial amenacen la enseñanza pública; es que la previa destrucción de la enseñanza ha disminuido nuestros recursos para hacer frente a la crisis”. Coincido con esta aseveración siempre que introduzca el adverbio “solo”: “no es solo que la crisis…”. La combinación de la crisis económica y sus brutales recortes y la nefasta política del gobierno PP están dejando a la educación en estado catatónico. Pero también es verdad que la postración del sistema educativo es una herencia del pasado, resultado de leyes y políticas del PSOE (salvo el interregno breve de la LOCE pepera). Un panorama desolador, descrito lúcidamente por el mismo ministro Wert: “una tasa de abandono escolar temprano que dobla la media europea, una débil tasa de titulación en formación profesional, una proporción muy baja de alumnos excelentes y una altísima tasa de repetición. A los 15 años casi el 40% de los estudiantes ya ha repetido al menos un curso. Un abandono escolar temprano del 25% está proyectando una tasa de paro elevada por falta de capacitación de su población durante mucho tiempo”.
¿Por qué de diagnósticos certeros se derivan propuestas erróneas ejemplificadas en la LOMCE? Por dos motivos:
1. El fundamentalismo ideológico del PP, con la competitividad y la sumisión a las leyes del mercado como dogmas inviolables.
2. El servilismo clerical frente a la Iglesia Católica, que impregna todo su discurso, lo deslegitima y lo hace retroceder en el tiempo.
Son estas dos debilidades las que, sin ser arúspice, pronostico harán fracasar este nuevo intento de (contra)reforma educativa. Lo que más me cabrea es que un intento de solucionar dos de los males que los profesionales de la enseñanza vienen padeciendo:
1. la devastación de la autoridad de los docentes por una legislación que la identificó miserablemente con el autoritarismo
2. la sustitución del trabajo personal del estudiante por la mediocridad, confundiendo igualdad de oportunidades con igualdad de resultados, se vaya a ir al traste con este nuevo artefacto legal.
El pacto por la educación que propugnaba J. A. Marina va a ser imposible, una vez que “los puntos de vista de las familias, los profesores y los políticos no sólo son diferentes entre sí, sino absolutamente incongruentes respecto de los demás” (F. Iwasaki). La “estrategia” equivocada de promoción automática, maquillamiento de resultados, integración en el aula sin medios y recursos, o sea, lo que sufrimos en la situación presente, no solo no se va a remediar sino sufrirá un agravamiento.
¿Pondrá fin esta ley a la estulticia que hemos tenido que padecer de intentar clasificar al profesorado como:
1. COMPETENTE—–receptivo
2. AVANZADO——–activo
3. EXPERTO————proactivo
4. EXCELENTE——–transformador?
No, no es un chiste, es la “baremación” que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa pretende implantar.
¿Tendremos que seguir soportando a los “expertos”, que pontifican:
“Los sistemas educativos nunca fallan, sino los profesores, que no saben aplicarlos, dada su falta de formación”?
No, tampoco es una ocurrencia, sino otra de las deposiciones de determinados popes de la psicopedagogía.
También nos achacan que estamos haciendo el juego a la derecha, que somos ”progres-fachas” o que atacamos a la escuela pública con nuestras críticas (Fernando Santiago dixit). Nada más falso. Quienes de verdad están dinamitando el auténtico poder de promoción y ascenso social que un sistema público de enseñanza debe tener son los que han concedido a la enseñanza privada privilegios desconocidos, los que han consentido que los Institutos cedieran calidad de enseñanza bajo la burocratización y el infantilismo y, sobre todo, los que han impedido todo sesgo de crítica bajo la admonición de ser “reaccionarios” por no comulgar con las leyes logsianas.
Como decía Arthur Koestler: El miedo a encontrarse en malas compañías no es una expresión de pureza política; es una expresión de la falta de confianza en uno mismo.
El hecho de coincidir en muchas críticas con la derecha no me paraliza ni me silencia; nada más alejado de mí los postulados eclesiásticos y reaccionarios del PP. De hecho, la peor manera de dilapidar un intento de corrección de estas taras educativas por parte del ministro Wert es condimentarla con sumisión a los intereses privados y al adoctrinamiento religioso en las escuelas.
Los activistas sociales percibimos una aproximación de las huestes del PSOE a la protesta social. Nuestra reacción oscila entre la sorpresa y el mosqueo. ¿Cómo puede justificar el responsable del blindaje de la reforma constitucional express para no superar el déficit los enormes recortes sociales que se derivan de esa malhadada decisión? Resulta patético A. P. Rubalcaba cuando truena que “denunciará los acuerdos con la Santa Sede cuando vuelva al gobierno”. ¿Y por qué no lo hizo cuando tenía responsabilidades de gobierno? ¿De verdad espera retornar algún día al gobierno de la nación con esas promesas mendaces?
Igualmente insensata es la respuesta nacionalista con los recortes de competencias educativas que, anuncian, arrastrará la LOMCE. A. Mas nos asusta con la amenaza de que esta ley “pretende romper la cohesión social y dividir la población”: consejos vendo, pero para mí no tengo. Un gobierno catalán que utiliza unilateralmente el “derecho a decidir” para escamotear los genuinos responsables de la crisis, imponiendo la voluntad de unos en detrimento de otros, carece de legitimidad para denunciar rupturas y divisiones. La “inmersión lingüística” no ha sido otra cosa que un monolingüismo forzado, excluyendo el español (la mitad de los alumnos de Cataluña la tienen como lengua materna) y renunciando al modelo de doble red con escuelas en cada una de las dos lenguas oficiales o garantizando una educación bilingüe catalán-español. La pretensión de Wert de ofertar asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, es del todo coherente. En cambio, que el Estado costee en colegios privados a los alumnos que no encuentren clases en castellano, es un disparate.
Tampoco es un despropósito que se introduzcan exámenes externos, que serán reválidas en ESO y Bachillerato, al finalizar cada etapa educativa. Esa medida no tiene por qué ser “segregadora y excluyente” como superficialmente juzgan sus críticos. Antes bien, “podemos mejorar solo lo que de alguna manera podemos medir; lo que no podemos valorar, no lo podemos mejorar; las clases sociales más desfavorecidas son las que más sufren las consecuencias de que no se evalúe”, son conclusiones juiciosas de Andreas Schleicher, el responsable de la OCDE para los informes PISA.
Y por último, otra crítica errada contra la LOMCE es la de que obligatoriamente “fuerza una segregación temprana del alumnado”. ¿Desde cuándo es más progresista que el Estado invierta más en la Universidad que en la Formación Profesional? Hay alumnos que no soportan 6 horas diarias de clase y las constantes distracciones e interrupciones de la era digital han agravado el problema. Como decía J. L. Larrea, “la búsqueda de lo inmediato (rápido), lo concreto (simple) y lo fácil (gratis), ha consolidado la cultura del gratis total, esto es, todo lo que no nos cuesta tiempo, ni reflexión, ni esfuerzo”. El reto es que la elección que la ley establece a los 14 años para optar por el bachillerato o la FP renovada sea en base a criterios académicos y no de clase social. Y otro desafío no menor es determinar puentes que permitan repescar a los alumnos para orientar sus estudios hacia la Universidad.
En definitiva, insistir tercamente en mantener el rumbo torcido de la educación en España, aprovechándose del carácter reaccionario de las propuestas de la LOMCE para continuar con la mercancía averiada y tóxica que inició la LOGSE, es no querer salir del agujero.

Cádiz, 21 de mayo de 2013
Daniel López Marijuán, profesor de Secundaria jubilado y ecologista