Denuncia por las multas impuestas a las trabajadoras sexuales en El Puerto

Concentración-OrdenanzasDerechos Humanos acompaña a mujeres que ejercen la prostitución en la entrega de alegaciones a las multas impuestas por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y exige para las trabajadoras sexuales una negociación en igualdad de condiciones sobre espacios dignos donde trabajar.
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Desde el momento en que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María anunciara su intención de poner en marcha una Ordenanza Municipal que suponía la penalización del ejercicio de la prostitución en la vía pública, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció las nocivas consecuencias que su aplicación supondría para el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, y la clara vulneración de derechos fundamentales que de ella se deriva.
Ahora, 2 años después de que se aprobaran estas Ordenanzas, continuamos más que nunca con nuestra denuncia sobre la paulatina precarización que la Ordenanza ha supuesto para las condiciones en las que las personas que ejercen la prostitución desarrollan su actividad. Mientras se favorecen los intereses de los empresarios de los grandes clubes, el riesgo de ser multadas lleva a muchas personas plantearse el pasar de un trabajo que gestionan de forma autónoma en la calle, a otro en el que horarios, tarifas y lugares son controlados por empresarios de este sector.
El colectivo de trabajadoras sexuales, ha reivindicado un espacio para trabajar sin molestar y sin ser molestadas ni perseguidas. Espacios donde puedan trabajar tranquilas, con mayor seguridad, limpios, con papeleras, con sitios para descansar, tomar un café, bien alumbrados y con buenos accesos. En definitiva, ¡Una negociación en igualdad de condiciones sobre espacios dignos donde trabajar!
Partiendo del total rechazo de estas Ordenanzas, Derechos Humanos (APDHA) ha decidido acompañar a las trabajadoras sexuales en estas negociaciones, intentando minimizar las consecuencias que las actuaciones policiales y municipales tienen para el desarrollo de una actividad que son su medio de vida. De esta manera hemos exigido una negociación de espacios, en cuyo marco hemos mantenido hasta 4 reuniones con la Concejalía de Policía Local y Protección Civil de El Puerto de Santa María. De ellas, no hemos conseguido más que buenas palabras y pocas intenciones de solucionar el problema, considerando los derechos de este colectivo por debajo de los intereses políticos y económicos del Municipio.
Desde principios de año, la única respuesta que el colectivo ha obtenido del gobierno local es la imposición de multas desorbitadas (1500 euros, pero pueden ascender hasta 3,000), que suponen agravar la situación de incertidumbre e inseguridad del colectivo. La APDHA está esforzándose por acompañar al colectivo en los trámites necesarios para alegar y recurrir las multas, bajo el convencimiento de que ésta ordenanza es una absoluta vulneración de sus derechos fundamentales, pero sobre todo con el ánimo de minimizar las repercusiones que el pago de estas multas pueden tener para sus condiciones de vida.
El ensañamiento contra las prostitutas ha sido siempre un mecanismo de control con respecto a todas las mujeres, luchar contra ese estigma es uno de los objetivos en el trabajo por los derechos de los trabajadores sexuales. Ahora las ordenanzas municipales legitiman el estigma y le dan rango de ley. No se multan las conductas, se multa a las personas. Nuestra experiencia lo demuestra. Y cada vez habrá más personas que serán multadas en razón no de su conducta, sino de su pobreza, de su rebeldía o de su respuesta ante situaciones injustas.
Mientras siga siendo la represión la única respuesta que se dé a los problemas sociales, éstos, lejos de mejorar se convertirán en fosos que arrastren en ellos a cada vez más gente. Y si los primeros en caer serán los más débiles, pronto será arrastrado el ciudadano medio y al final sólo unos pocos serán dueños de los mecanismos que nos repriman. Hay que volver a hablar de Derechos Humanos como la única manera de dar respuesta a abismos que cada vez son más grandes.
Y en este sentido; Manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la ley mordaza que, entre muchas prohibiciones, como la de las concentraciones y manifestaciones no autorizadas, manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, la participación en los escraches, contempla, como no, la sanción a quiénes negocien un intercambio de servicios sexuales en la calle.
Por esto, estamos HOY AQUÍ, acompañando a las primeras trabajadoras que han recibido estas multas, y acompañaremos a las siguientes. Puesto que mientras llegan tiempos mejores en el que poder hablar de Derechos Iguales para las Trabajadoras Sexuales, reivindicamos la necesidad de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.
EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LA ORDENANZAS MUNICIPAL Y LA NEGOCIACIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE ESPACIOS DONDE EJERCER LA PROSTITUCIÓN. POR LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES.

 

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