La marea blanca gaditana

Después de argumentar muy razonadamente la defensa a ultranza de la sanidad pública, este importante posicionamiento de la Plataforma Social de Cádiz -en la que está integrada la APDHA- no elude pronunciarse sobre la más rabiosa actualidad: la ofensiva de clínicas Pascual por la privatización de la sanidad en la provincia de CádizPlataforma Social Cádiz
La situación actual no es más que la consecuencia de un nefasto período en que se permitió un crecimiento incontrolado de hospitales privados, que primero se construían con decisiones unilaterales y después se forzaba su concertación pública. Con todo nuestro respeto a los trabajadores, no es posible admitir que el empresario Pascual se quiera convertir en el portavoz de la Sanidad Pública andaluza y, lo que es peor, transmitir que las soluciones a los problemas reales que padecemos sea la dejación de la gestión pública (por nefasta e ineficiente) y su transferencia a la suya propia: una gestión privada o individualizada, con sus propios estándares y controles y no con los que se pueden exigir desde el sector público“.

Todavía con la emoción contenida después del éxito social que ha supuesto la denominada “Batalla de Madrid”, queremos reafirmarnos en nuestras reivindicaciones de forma rotunda. No son infrecuentes, ni dejarán de serlo en el futuro, declaraciones o postulados sobre la inviablidad o imposibilidad de mantener un Sistema Sanitario Público. La evidencia científica contundente es que la gestión sanitaria pública no es más cara que la privada, en comparación con unos estándares de calidades. En la comunidad madrileña se ha demostrado que no se puede gestionar lo público en contra del sentir de la ciudadanía. Este es nuestro desiderátum. La argumentación indiscriminada lleva al confusionismo. Tenemos la impresión de que el ciudadano general de nuestra comunidad vota con una importante desinformación y con falta de claridad de ideas. Esta situación tiene el grave riesgo que puede decantarse por opciones que en la práctica, no sólo no ayuden, sino les perjudique en sus lógicas aspiraciones de que desde las instancias políticas se intente darle solución a sus necesidades.
Uno de los fenómenos sociales que más nos preocupa es la gran tendencia que tenemos de servir prioritariamente al sectarismo. A nivel político es contundente: no es posible conseguir ningún Pacto de Estado, como sería fundamental, en materias que no deberían ser motivo de disputa o desgaste porque se consideraran esenciales para “todos” los ciudadanos. Este hecho nos diferencia de manera rotunda con los países socialmente más desarrollados. En el ámbito laboral la tendencia es a preocuparse sólo del minimundo que afecta a tu labor más cercana y no tener la visión global del sistema: ejemplo: si trabajo en Atención Primaria, en Urgencias, en quirófano, etc, sólo me movilizan esos intereses y tengo la ceguera de no entender que el Sistema Sanitario Público es un todo y que nos necesitamos mutuamente. Este vicio social también alcanza al ámbito de ciudad, barrio, comunidad de vecinos, familiar y, si me apuran, a título individual: el individualismo ha impregnado en nuestra sociedad de forma alarmante.
Nuestros planteamientos, desde siempre, no han sido mantener una actitud beligerante con el sector privado sino defender el público. Sólo desde lo público es posible aspirar a que organismos se preocupen de procurar servicios, dirigidos a los que menos tienen y más necesitan, constituyendo, por lo tanto, un servicio social que obviamente tiene un coste material en lugar de un beneficio económico. No existen intereses comerciales ni hay que hacer balances económicos, fuera del intento de buscar la eficiencia (conseguir los mejores resultados al menor coste posible) para intentar la sostenibilidad. El dinero público debería ser sagrado, tanto para malgastar por parte del ciudadano como para gestionar por parte del responsable público. Por desgracia, la realidad es bien distinta, más de quinientos cargos públicos están imputados por razones de corrupción o mal uso de esas responsabilidades y, lo que es más preocupante, la mayoría conseguirán la impunidad y muchos ciudadanos los seguirán votando.
Hay sectores de la sociedad, que por ideología, no entienden el concepto de derechos humanos individuales. No son gracias, prebendas o regalos de la clase política al pueblo (esto era así en épocas medievales y todavía perdura en países no desarrollados socialmente), sino exigencias ineludibles de todos los representantes del ciudadano en las instituciones democráticas. Para eso existen y por eso se les mantiene. Entre estos derechos primarios o fundamentales se destacan: derecho a la salud (o lo que es lo mismo, derecho a acceder a los servicios sanitarios cuando se pierde la salud y a vivir en condiciones laborales y socio-ambientales de salud: es decir, derecho a la opción saludable, con independencia de etnia, edad, religión o situación socio-económica), derecho a la educación, a la protección social, a la vivienda, al trabajo digno, etc, o sea, los que recogen los tratados de Derechos Humanos, que todos reconocen y casi nadie respeta.
Por estos motivos, defendemos que el sector público sea potente (vía presupuestos generales), independiente del privado (la tendencia actual es a confundirlos), con incompatibilidades en el desarrollo profesional entre ambos sectores y sin parasitismos (en el ejercicio privado utilizo recursos públicos). El crecimiento del sector público tiene que decidirse en su seno y no depender de iniciativas privadas que luego persigan la concertación pública, originando una empresa-dependencia, si ese crecimiento es importante e incontrolado. Para conseguir estos resultados es fundamental que la población general valore y defienda el sector público, avalando las decisiones políticas en esa dirección. Pero claro está, otro factor fundamental, es que el responsable público debe ser no sólo honrado e incorruptible sino que además sea un defensor de lo público y no trabaje en la sombra para otros intereses. Nos parece escandaloso las múltiples declaraciones de cargos públicos que dudan de la eficacia del sector que les paga defendiendo las políticas de sus competidores. El fenómeno de la puerta giratoria, aclara finalmente esta duda: en poco tiempo, tras dimitir del cargo público es contratado de forma estelar por el sector privado que se ocupa de los mismos asuntos.
Una de las peores consecuencias que tienen “estos infiltrados en lo público” son sus obsesiones en privatizarlo todo: las grandes empresas, la sanidad, la educación, la protección social, la energía eléctrica, el agua (ya existen pobres de solemnidad, pobres laborales, pobres energéticos, etc..¿hasta cuándo vamos a seguir permitiéndolo? El motivo es que toda privatización busca el beneficio económico y para ello la reducción de los costos (sobre todo de recursos humanos). La oferta posterior es al consumidor que tiene posibilidades económicas, marginando a los que no las tienen. El objetivo es buscar las parcelas de negocio en los servicios sociales, que son muchas.
Si permitimos un desarrollo no controlado del sector privado, que asuma parte de las responsabilidades públicas, no sólo es una dejación inadmisible, sino que nos arriesgamos a la privado-dependencia por motivos de presiones potenciales: ciudadanas, laborales, etc. Las necesidades públicas se deben de evaluar, desarrollar, controlar y decidir desde un sector público independiente, eficaz, eficiente, técnicamente bien formado, porque es la única fórmula para impedir intereses espurios que nada tengan que ver con las necesidades de la población. Cuando los recursos públicos no son suficientes y en las materias en que no lo sean, es cuando se puede admitir concertaciones con el sector privado, que siempre serán complementarias, evaluadas periódicamente y sin tendencia progresiva al crecimiento no justificado. Hay un fenómeno muy frecuente y es que la privatización en muchos casos supone un menor costo económico inicial, obviamente a costa de una reducción de las calidades. Esta perversión no puede ser una estrategia habitual en lo que se denomina eufemísticamente como externalizaciones. Después de leer en El País el reportaje: “Crónica de 24 horas urgente” en el que se relata la coordinación de recursos necesarias para conseguir la realización de 45 trasplantes en un día en todo el territorio español, es cuando sentimos orgullo de tener el Sistema Sanitario Público que disfrutamos.
En cuanto a la situación en la provincia de Cádiz, que necesitará mayor análisis y seguimiento, nos centraremos en dos aspectos de actualidad: el mapa sanitario provincial no está definido, existen proyectos fundamentales que dormitan en un cajón, los recortes ya se están notando en la calidad asistencial, los trabajadores están maltratados y sobrecargados, existe un porcentaje inadmisible de eventuales, se han recortado las plantillas en términos generales, no se sustituyen las bajas laborales ni las vacaciones, la atención primaria está al límite, es decir, la política de recortes presupuestarios en materias sanitarias, obviamente, están teniendo graves repercusiones para el ciudadano. Pero el problema está en la solución: no es posible admitir, porque no es cierto, que la privatización es la fórmula para mejorar esta situación, manteniendo las calidades y las características equitativas exigibles en un sistema público. Hay que exigir, pues, una gestión pública eficiente y de calidad, que tenga en cuenta el estado de la cuestión y limite sus consecuencias con mayores inversiones públicas, no con un incremento de los conciertos con la privada.
El segundo aspecto de actualidad es la renovación de los conciertos entre la Consejería de Salud y la Empresa privada Pascual. La situación actual no es más que la consecuencia de un nefasto período en que se permitió un crecimiento incontrolado de hospitales privados, que primero se construían con decisiones unilaterales y después se forzaba su concertación pública. Con todo nuestro respeto a los trabajadores, no es posible admitir que el empresario Pascual se quiera convertir en el portavoz de la Sanidad Pública andaluza y, lo que es peor, transmitir que las soluciones a los problemas reales que padecemos sea la dejación de la gestión pública (por nefasta e ineficiente) y su transferencia a la suya propia: una gestión privada o individualizada, con sus propios estándares y controles y no con los que se pueden exigir desde el sector público. La tendencia que defendemos es el crecimiento de los recursos públicos, debidamente gestionados, con criterios controlables y transparentes y que el sector privado sólo se contemple con carácter complementario y nunca fundamental.
Ya está bien de que pensemos que lo público no es de nadie porque es todo lo contrario, “es de tod@s”. La inclusión del Hospital de San Carlos de San Fernando como centro público de la provincia es normal que suponga una reconsideración en las concertaciones previas con entidades privadas. Tenemos que hacer un esfuerzo para entender que esta decisión sería correcta: lo contrario sería admitir el despilfarro de los dineros públicos.
Animamos a la población gaditana a defender el sector público. Es una provincia con grandes problemas sociales y económicos y, como consecuencia, necesita más que otras que funcione plenamente. La fórmula para evitar la confusión es la información. Consigamos que la marea blanca gaditana sea también un obstáculo para cualquier intento para desmantelar el Servicio Andaluz de Salud.
PLATAFORMA SOCIAL DE CÁDIZ
7 DE ABRIL DE 2014

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