Los indignatarios

mzFalWTlKixwMAg-556x313-noPadVolvemos sobre el tema de la jurisdicción o justicia universal. Un grave retroceso más en derechos fundamentales tras la propuesta del PP en el Congreso. En este caso el comentario es de Pepe Pettenghi
La derecha española es así, desde los tiempos de Recaredo no cambia. Jamás va a permitir que se estropee un buen negocio por defender a los más débiles, nunca va a dejar que pase de largo la pasta. Y si de camino se protege a los suyos, mejor que mejor.
Perseguir la esclavitud, el genocidio o los crímenes de guerra fuera de nuestras fronteras, o sea la justicia universal, “sólo provoca conflictos” según ha admitido el portavoz del Partido Popular. Y es que su partido ha presentado una proposición de ley para modificar la Ley de Jurisdicción Universal, innecesaria pues nadie la ha pedido, e inoportuna pues no estaba en el programa electoral del PP.
Según esa modificación, España repudiaría el principio de que todos los estados deben colaborar en la persecución de los delitos contra la humanidad y los cometidos en un mundo en el que muchas fronteras son virtuales y las organizaciones criminales actúan de forma transnacional, como el narcotráfico, el tráfico de seres humanos o el terrorismo.
De aprobarse esa ley, España dejará de ser una referencia en la protección de los Derechos Humanos y los jueces españoles se verían obligados a abstenerse de intervenir en esos delitos y también en la mutilación genital o la lucha contra la pederastia.
Con esa ley en vigor España renunciará al precepto de que las victimas son universales, como universal es la obligación de perseguir y juzgar al presunto responsable.
Con la aprobación de esa ley, España contribuirá a que el mundo sea un poco más injusto y más impune.
Pero, pese a todo, el gobierno español está decidido a aprobarla: 179 diputados, todos del PP, aprobaron con su voto la proposición de ley. Sin embargo, gracias a su voto, ya sabemos el precio que tienen los Derechos Humanos para todos y cada uno de ellos, con su nombre y apellidos. El precio es no molestar al poderoso, de manera que ya no se podrá investigar la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Irak. El precio va también en metálico, pues ya no se podrá investigar el genocidio de China en el Tibet, gracias a que el gobierno chino tiene comprada el 25% de la deuda pública española y ha esgrimido posibles represalias económicas, además de airear nuestro desmedido déficit comercial (3.700 millones de euros que exporta España al gigante asiático, frente a los 17.600 millones que importa).
Los 179 diputados del PP que estuvieron a favor de la proposición de ley para poner límite a la justicia universal, votaron convencidos de que la justicia universal “sólo provoca conflictos”. Después se levantaron de sus escaños y se fueron a sus casas con la conciencia muy tranquila de estar a favor de la justicia en forma efectivamente de simulación, simulación que hubiera sido en diferido… que diría Cospedal.
O sea, a lo que ellos seguramente entienden que es una conciencia limpia, que no es otra cosa que una mala memoria.

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