La Federación de AA.VV. 5 de abril y la APDHA contra cierre del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas a Prisión en Cádiz

APDHA_SUPRES_SERVICIO_1310EGR_6541La Federación de AA.VV. 5 de Abril de Cádiz y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se oponen a la supresión en Cádiz capital del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) de Cádiz así como del Servicio Social Penitenciario. Ver más fotos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577948492254209.1073741892.116831095032620&type=1
Estas medidas decididas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, basadas en los recortes, la sufrirán las personas con menos recursos de toda la Bahía y la Janda que deberán trasladarse a Jerez para realizar las numerosas gestiones relacionadas con la estancia en prisión (medidas alternativas, informes sociales, terceros grados, libertad condicional, etc…
Como sabe el SGPMA es la unidad administrativa encargada de hacer efectivo un mandato judicial de una medida alternativa a la prisión y está dirigido a personas que cometen delitos de escasa entidad por primera vez, que carecen de antecedentes penales o que, aun teniéndolos o habiendo cometidos delitos más graves, se encuentran en un proceso de reinserción social que el Juez estima como favorable y que se vería truncado por el ingreso en prisión.
Entre los cometidos del este Servicio, se encuentran:
– Gestionar los trabajos en beneficio de la comunidad
– Gestionar e impartir Talleres de Sensibilización Vial destinados a los que han infringido el código de circulación (TASEVAL)
– Gestionar e impartir programas de violencia de género, de reeducación sexual, drogadicción o salud mental
En la provincia hay tres unidades del SGPMA, una en Cádiz, otra en Algeciras y la tercera en Jerez. La unidad de Cádiz está compuesta por un jefe de servicios sociales, un psicólogo, tres trabajadores sociales y dos funcionarios, y atienden los expedientes de las poblaciones de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Rota, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, Zahara de los Atunes, Benalup, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules.
En el balance del año 2012 se refleja la gestión de
– 115 Talleres de Sensibilización Vial, de los cuales 45 eran de Cádiz capital
– 56 Talleres de Violencia de Género, de los cuales 23 eran de Cádiz
– 1 Taller de reeducación sexual
– 368 casos de trabajos en beneficio de la comunidad, de los cuales 126 eran de Cádiz
– 40 del Programa de drogadicción, y
– 15 del programa de salud mental, de los cuales 10 eran de Cádiz
– Total 595 expedientes, de los cuales un 34% corresponden a Cádiz capital
Pues bien, el organismo estatal correspondiente, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ha decidido sin tener en cuenta todos estos datos, suprimir el servicio en Cádiz y hacer que las personas afectadas tengan que trasladarse a la unidad de Jerez para poder acceder y realizar las muchas y habituales gestiones ante el mismo.
A esto se suma al traslado a Jerez de los Servicios Sociales Penitenciarios (que forman parte del SGPMA) que son los responsables de las reuniones y asistencia a familiares para los informes para la tramitación de los terceros grados y de la libertad condicional, así como el seguimiento y evaluación de dicho presos.
A partir de mañana, día 23,a familiares y presos de toda la Bahía y Janda tienen que trasladarse a Jerez, a las instalaciones situadas en la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz, un lugar sin acceso de servicios de transporte público accesible. Lo cual agrava la situación de las personas que tienen que hacer uso de estos servicios que normalmente son personas con muchas dificultades sociales y económicas.
Si el objetivo de las administraciones es dar servicio a los administrados, consideramos que con esta medida injustificable se están vulnerando los derechos de los mismos, es decir de las personas que puedan acceder a Medidas Alternativas a la Prisión o a los Servicios Sociales. El posible ahorro no justifica que se dificulte el ejercicio de un derecho, cuyo coste recaerá a partir de ahora sobre los afectados, que en muchos casos no podrán asumirlo.
Las personas pasarán a cumplir dos condenas, una la impuesta judicialmente y otra la impuesta arbitrariamente por la administración.
Es por ello que la Federación 5 de Abril y la APDHA, han elevado su queja y protesta a la Secretaría General de Instituciones Penitencias, al Defensor del Pueblo Andaluz, a la parlamentaria del Partido Popular por Cádiz, Doña Teófila Martínez y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Esperando que entre todos sean capaz de paralizar un nuevo atropello en esta provincia del derecho de acceso de las personas a la justicia.
Cádiz 22 de octubre de 2013

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