La privatización sanitaria y la estrategia para defender la sanidad pública

PiruletaNuestros amigos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, acaban de hacer público el Informe “La privatización sanitaria y la estrategia para la defensa de la Sanidad Pública“, que reproducimos por su interés en nuestro Blog.

El triunfo electoral del Partido Popular en las elecciones para el Gobierno del Estado y en la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ido acompañado de una aceleración de la política de desmantelamiento del sistema sanitario público. El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de manera más o menos solapada (en cómodos plazos).
Ahora el PP está acelerando este proceso, aprovechando el enorme poder que acumuló tras las últimas elecciones en las que consiguió mayoría absoluta en el gobierno central y en gran parte de las Comunidades Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a reducir gasto público, el Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de modelo sanitario.

Podríamos sintetizar esta política en tres grupos de medidas
1.- Reducción del gasto sanitario público (11,6% del gasto per cápita entre 2010 y 2013), un total de mas de 7.500 millones € en este periodo.
2.- Cambiar los fundamentos del sistema: La promulgación del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema (RD 16/2012) incluye medidas de diferente naturaleza como el copago para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes en ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales (potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población de la cobertura del SNS; el fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad pública estableciendo en una básico de acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos. Este conjunto de medidas suponen la voladura controlada del derecho universal a la sanidad y del acceso equitativo a la atención.
3.- Aceleración de la privatización y desmantelamiento de los servicios en las CCAA gobernadas por los sectores más neoliberales del PP: Valencia, Madrid, Galicia o Castilla la Mancha. Cabria destacar por su trascendencia estratégica el recurso a la financiación privada de las nuevas infraestructuras sanitarias (Iniciativa de Financiación privada-PFI, Concesiones, etc) que multiplican los costes finales y dejan durante años los centros de salud y hospitales en manos de consorcios privados, multinacionales sanitarias o fondos de inversión de capital riesgo; o privatización de la provisión (que llaman “externalización”) de servicios sanitarios y de apoyo.
Es decir se recorta gasto y se apuesta por una financiación que multiplica su coste real (a pagar con cargo del gasto corriente para el funcionamiento de hospitales y/o centros de atención primaria). Apostar por estas dos medidas contradictorias hará insostenible económicamente al sistema público, y obligará a muchos de los ciudadanos a completar las prestaciones sanitarias no financiadas por un sistema público sin recursos suficientes, con seguros privados complementarios.

Quien gana y quien pierde con esta política
Ganan
Los principales beneficiarios de esta política son las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria que tendrán la oportunidad para ampliar su negocio. Las entidades de capital riesgo como CAPIO Sanidad, Ribera Salud (Sanitas y Adeslas), USP-Quiron; grupos empresariales como HM hospitales, que se están apoderando con gran parte de los hospitales de numerosas CCAA. Aseguradoras sanitarias a las que se facilita clientela y ayudas fiscales (desgravaciones por suscripción de pólizas complementarias). Empresas auditoras como PWC que están suplantando a la administración en las funciones de Planificación Estratégica (elaborando los Planes de Salud Autonómicos, Planes Directorios de Hospitales, concursos de adjudicación de plazas, provisión de recursos etc.), lo que le otorga una enorme capacidad para utilizar los fondos públicos para satisfacer sus intereses económicos y empresariales. Estas medidas también benefician a los grupos de gerentes y expertos sanitarios que actúan como un potente lobby profesional. También forman parte de los ganadores los dirigentes del Partido Popular, familiares y allegados que salen y entran de la administración y de las empresas adjudicatarias en función de sus intereses (puerta giratoria). Por último las empresas constructoras afectadas por la crisis del ladrillo que ven en la PFI la oportunidad de seguir con sus negocios utilizando los prepuestos sanitarios públicos y las entidades bancarias (financiadoras de las PFI), que se benefician de los contratos millonarios a pagar por las administraciones públicas
Pierden
Los ciudadanos en general que han sufrido recortes en sus derechos sanitarios, que deben pagar más por la una asistencia sanitaria que antes se financiaba con impuestos (manera más justa y progresiva socialmente), y que deberán contratar seguros privados para complementar la menor oferta de servicios de la atención sanitaria pública, por otro lado pierden también la garantía de que en su atención sanitaria priman la evidencia científica y los intereses generales y no los criterios empresariales . Las personas con menos recursos, desempleados, parados, los pensionistas que verán dificultado su acceso a las prestaciones sanitarias por carecer de dinero para afrontar los múltiples copagos. Las personas mayores, los enfermos crónicos y los discapacitados que necesitan más atención sanitaria y mayores recursos terapéuticos y rehabilitadores, y que son los más afectados por los recortes y privatizaciones. Los profesionales y trabajadores de la Sanidad que han perdido salarios, derechos laborales, estabilidad en el empleo y puestos de trabajo. Los sanitarios tienen además una menor oportunidad para desarrollar su profesión, conocimientos y habilidades y muchos de ellos se verán obligados a emigrar a otros países para poder trabajar, pese al enorme esfuerzo que el sistema educativo y sanitario ha dedicado a su formación. Estas perdidas serán mayores entre las mujeres que son numéricamente predominantes en el sector. Pierde también la economía española que con los recortes en los servicios sanitarios y socio-sanitarios reduce los puestos de trabajo que estimularán la economía y reduciría la elevada tasa de desempleo. Por último hay que recordar que los sistemas sanitarios públicos universales y accesibles son necesarios para mantener la fuerza de trabajo que se asocian a mejores niveles de desarrollo económico y social.

Estrategias para defender el sistema sanitario público
La contradicción de intereses entre ganadores y perdedores de esta política, de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, marca con claridad que hacer. Aunque es verdad que la privatización está apoyada y respalda por grupos de presión muy poderosos, los afectados por la misma son la mayoría de la población. Solo una gran alianza estratégica entre la ciudadanía y los trabajadores sanitarios puede paralizar ese proceso, que sólo beneficiará a una minoría, eso sí muy poderosa e influyente.
La multiplicidad de colectivos, organizaciones e intereses sociales en juego, supone un evidente obstáculo para alcanzar este objetivo. La unidad en la defensa del derecho a la salud y de un sistema sanitario público que la garantice, solo parece posible mediante una estructura organizativa que respete la autonomía, la ideología, los intereses generales, la estrategia de intervención y las formas de organización de cada grupo social y profesional.
Es necesario crear estructuras horizontales, no jerarquizadas; que incluyan a la mayoría de los colectivos sociales y profesionales; que trabajen por objetivos acordados previamente; que adopten las decisiones por consenso evitando la creación de estructuras directivas y las votaciones, que no den pie a la constitución de alianzas internas y alineamientos por hacerse con el control. Es conocido como las administraciones siempre se han aprovechado de estas cuestiones para dividir a las fuerzas sociales y profesionales.
La estrategia pasaría por crear redes de organizaciones en base a intereses comunes y objetivos fáciles de definir, para posteriormente crear redes más amplias con otros grupos de organizaciones y colectivos, con objetivos compartidos.
Ser profesional o usuario de los servicios sanitarios, la pertenencia a una categoría profesional, el compartir problemas de salud, el género, la edad, el territorio donde se vive, etc. son lazos que unen a la gente, aunque el derecho a la salud y la existencia de un sistema sanitario público universal, equitativo, accesible, redistributivo y de calidad, bien gestionado y racionalmente equipado, es otro importante estímulo para articular la unidad de actuación.
Las Plataformas para la Defensa de la Sanidad Pública, integradas por organizaciones sociales; sindicatos; colectivos profesionales; instituciones; y organizaciones políticas, impulsadas por la FADSP y su coordinación con las Plataformas en Defensa de los Servicios Públicos más amplias y que integran a otros colectivos, son la aplicación práctica de esta estrategia. Las Plataformas están teniendo evidentes resultados en la movilización contra los recortes y las privatizaciones puestas en práctica en el Estado y en gran parte de las CCAA.
El objetivo esencial de la movilización en Defensa de la Sanidad Pública pasa por compaginar la movilización contra medidas de corte estratégico para el conjunto del Sistema sanitario como los recortes de gasto público; el RD Ley 16/2012; la privatización de los centros sanitarios recurriendo a la financiación privada (PFI); las reducciones de personal de las plantillas de los centros; con otras de ámbito local o autonómico como el cierre de hospitales públicos y servicios de urgencias; el cierre de plantas, quirófanos y servicios; el desmantelamiento de áreas sanitarias; la privatización de laboratorios y servicios de radiología; la privatización / “externalización” de servicios sanitarios y no sanitarios de los hospitales, la centrales de información y de compras o las plataformas informáticas, etc.
Solo la alianza ciudadana y profesional dotada de estructuras estables que primen la unidad sobre las diferencias hará factible el poder frenar el desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública.

Ver el Informe completo que incluye un interesante análisis de la situación por Comunidades Autónomas: Aquí

Anuncios

Déjanos tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s