Las nuevas condiciones de Seguridad Social para las empleadas de hogar

portadillaSERDOM-1 (Copiar)Diego Boza*. Hoy, 1 de abril, ha entrado en vigor una nueva reforma del régimen de Seguridad Social para los empleados (generalmente empleadas) de hogar. Llama la atención que, tras casi un cuarto de siglo sin tocar ni una coma de la situación legal de las empleadas de hogar, en poco más de año y medio se hayan introducido dos reformas de calado en este ámbito.
De hecho, la reforma que hoy entra en vigor supone una derogación parcial de la anterior reforma realizada a finales de 2011. Para ponernos en antecedentes, en 2011 se modificó el régimen de la Seguridad Social de las empleadas de hogar con la desaparición de la figura de las trabajadoras discontinuas, que era un modelo que permitía que aquellas trabajadoras del hogar que realizaran su actividad laboral en diferentes domicilios pudieran gestionar su alta en la Seguridad Social y sus pagos mensuales y que, por decirlo de algún modo, llevaran la Seguridad Social consigo independientemente del lugar en el que trabajaran. Era casi un cruce entre el régimen especial de trabajadores del hogar y el de trabajadores autónomos.
Como decíamos, la reforma de 2011 supuso la desaparición de esta figura. A partir de su entrada en vigor sólo los empleadores podían dar de alta a los trabajadores del hogar, como ocurre en el resto del Régimen General. Sin embargo, la reforma que entra en vigor este 1 de abril permite a las empleadas de hogar gestionarse las altas en aquellos supuestos en los que desarrolle una actividad laboral de menos de 60 horas mensuales.
Los sindicatos y otros colectivos relacionados con las empleadas de hogar han rechazado este cambio. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que para la gran mayoría de las trabajadoras de hogar es una buena noticia, especialmente para aquellas de origen extranjero.
Es evidente que, en línea de principios, lo ideal sería que todo aquel que tuviera a una empleada de hogar a su servicio la diera de alta y asumiera sus obligaciones como empleador. Pero los datos nos han puesto en evidencia que eso no es así. La reforma de 2011 no ha contribuido a mejorar la situación de las trabajadoras del hogar sino más bien todo lo contrario. En un entorno de crisis, la precarización de los trabajos más precarizados (y los trabajos del hogar lo son) se extrema. En lugar de aflorar las situaciones de economía sumergida lo que ha producido la reforma de 2011 es un incremento de estas situaciones. Probablemente no era ni el momento adecuado (mayor oferta, menor demanda) ni la sociedad adecuada. No hay que olvidar la visión que se mantiene de una actividad que, durante muchos años, ha estado relacionada con los papeles femeninos dentro de la familia y que, en el conjunto de la sociedad, cuesta ver como una actividad laboral, como desde la APDHA ya denunciamos en el Informe sobre la situación de las trabajadoras domésticas inmigrantes en la provincia de Cádiz.
Las consecuencias de los incumplimientos por parte de los empleadores eran mínimas. Las inspecciones de trabajo no han desarrollado acciones relevantes en estos ámbitos y la negativa de la trabajadora a aceptar las condiciones de la economía sumergida (sin contrato, sin alta en Seguridad Social,…) suponían el reemplazo de esa trabajadora por otra que sí estuviera dispuesta. Con todo, la situación empeoraba para las trabajadoras extranjeras a las que se les exige, además, cotizar un determinado período de tiempo para mantener su régimen legal en España.
Esta reforma vuelve a permitir a la trabajadora gestionar por sí misma su situación de alta en la Seguridad Social y evitar de esta forma situaciones que le resultan perjudiciales (falta de cobertura médica, disminución de sus cotizaciones para la jubilación, imposibilidad de renovar su permiso de residencia,…) y que no se derivan de su propia voluntad sino de la falta de interés, la dejadez o, incluso, la explotación de los empleadores. Evidentemente no es el marco ideal, pero al menos, empodera de nuevo a las trabajadoras para recuperar ciertas condiciones mínimas que, de hecho, son base para un posterior reconocimiento de mayores derechos.

*Diego Boza es asesor jurídico y militante de APDHA

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