Respuestas radicales ante la corrupción

no-a-la-corrupcionPor Diego Boza*. La excepcionalidad de la situación actual requiere respuestas radicales, pero no desde una perspectiva de extremismos populistas sino de retorno a la raíz de nuestros sistema que son la Constitución, la democracia y los Derechos Humanos.
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La última encuesta del CIS ha puesto de relieve la creciente preocupación de los españoles por la corrupción. Ésta se convierte en el segundo factor de preocupación de los españoles tras la crisis económica y no faltan quienes vinculan ambos fenómenos de forma directa.
En las últimas semanas ha coincidido la comparecencia en sede judicial de dos de los presuntos corruptos más famosos de nuestro panorama político. Si el sábado pasado fue Iñaki Urdangarín, yerno del Rey, quien leyó su declaración en los Juzgados de Palma, el lunes compareció en sede judicial el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Los dos hechos nos vuelven a poner de relieve, si es que han dejado de estarlo en algún momento, la ola de corrupción que ha traído asociado la política del ladrillo que el Partido Popular ha venido aplicando en los años de bonanza. Es paradójico que tanto en la crisis que siguió al 92 como en la actual han visto la luz casos de corrupción que se generaron en los años de excesos previos a la crisis. También resulta paradójico que personajes relacionados con la Corona y la financiación de los partidos políticos protagonicen muchos de estos casos tanto en la época del pelotazo socialista como la del ladrillazo popular.
La corrupción es una de las peores lacras de cualquier sistema político. De hecho, es una perversión que suele proliferar en regímenes autoritarios en los que la Ley se hace depender de la voluntad del dirigente de turno. Coincide en nuestro Estado con la sensación de impunidad que en estos ámbitos se genera ante la parálisis de nuestros mecanismos de protección y las escapatorias en diversas formas, significativamente la del indulto, con la que cuentan los responsables de estas conductas.
Sucede en esta ocasión que la coyuntura económica actual suma a la corrupción un plus de repugnancia. Se exige a los ciudadanos un mayor esfuerzo mientras que los periódicos se llenan de noticias de sobres de dinero negro repartidos entre quienes preconizan la austeridad. Los recortes de derechos, el acceso más dificultoso a la sanidad, la reducción de becas, la pésima gestión de la dependencia,… coinciden con la constancia de que no fuimos nosotros quienes vivimos por encima de nuestras posibilidades, sino ellos los que robaron por encima de nuestras posibilidades.
Pero no se trata sólo de una cuestión económica. Es también una cuestión de principios. La corrupción cuando alcanza cotas tan altas, y no cabe duda de que la Familia Real y el principal partido político del Estado español están entre las cotas más altas posibles, llega a la ciudadanía con una sensación de generalización. Una generalización que puede resultar muy peligrosa. Por una parte, por lo injusta que resulta para tantos políticos honestos que han dedicado mucho tiempo de sus vidas a esforzarse por el bien común.
Pero también por las alternativas que se plantean. La corrupción es el campo de cultivo perfecto para fenómenos políticos populistas que para acabar con la corrupción pretenden acabar con la política. Los ejemplos históricos demuestran que estas aventuras populistas suelen venir aparejadas con procesos de involución democrática y una reducción de derechos de los ciudadanos en el ámbito de su participación política y en la esfera pública. Es este, sin duda, el principal riesgo de la corrupción actual, el advenimiento de alguno de estos “Mesías” que parten de que el fin justifica los medios y pueden poner en riesgo nuestro sistema constitucional y democrático, con perspectivas, en muchos casos, racistas, discriminatorias y de regresión en las garantías.
La excepcionalidad de la situación actual requiere respuestas radicales, pero no desde una perspectiva de extremismos populistas sino de retorno a la raíz de nuestros sistema que son la Constitución, la democracia y los Derechos Humanos. Por eso, una mayor participación política de los ciudadanos, una mayor transparencia en la actividad pública y un reforzamiento de la actividad de nuestros órganos judiciales son las alternativas necesarias ante estos fenómenos. Eso y no dejarse seducir por cantos de sirena de regeneración que pueden conducir a épocas muy oscuras.

*Diego Boza es abogado y miembro de la APDHA en Cádiz

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